CEAPA recurrirá a los tribunales si la LOMCE cercena el derecho de los padres y las madres a intervenir en el control y gestión de los centros educativos Los presidentes de las 42 federaciones de AMPAS de todo el Estado que integran CEAPA, reunidos el pasado sábado en Madrid, han acordado acudir a los tribunales en el caso de que el Ministerio de Educación suprima competencias de los consejos escolares de centro, donde están representados las madres y los padres del alumnado. Están convencidos de la inconstitucionalidad del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), que otorga a este órgano de participación de la comunidad educativa un carácter meramente consultivo. CEAPA sostiene que las familias verán mermada sustancialmente su capacidad de intervención en el control y gestión de los centros, que está reconocida por el artículo 27.7 de la Constitución: "Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca". El anteproyecto de ley elimina competencias que hasta ahora tenía este órgano como la aprobación de las normas de organización y funcionamiento del centro y de los proyectos referidos a la gestión del centro y del proyecto educativo. Tampoco decidirá sobre la admisión de alumnos. Las madres y los padres se consideran los grandes damnificados por la decisión del Ministerio de otorgar mayor autonomía a los centros y fortalecer las competencias del director.
CEAPA defiende el derecho de las familias a participar activamente en la gestión democrática de los centros escolares y en el diseño de las políticas educativas que afectan a la formación integral de nuestros hijos e hijas en la escuela.
Además, los presidentes de
las federaciones territoriales de AMPAS han aprobado un documento de cuarenta propuestas que CEAPA remitirá al Ministerio de Educación y a los grupos parlamentarios en el Congreso y Senado (se adjunta dicho documento). Algunas de las propuestas son las siguientes:
Gestión democrática de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto. El
papel prioritario de la escuela pública y la subsidiariedad de la privada-concertada dentro del sistema educativo, pues la pública garantiza la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.
La
atención a la diversidad como principio básico del sistema educativo, con una atención educativa lo más individualizada posible, ajustada a sus circunstancias personales y sociales del menor.
Una
educación común para todo el alumnado hasta los 16 años, sin itinerarios segregadores.
La
gratuidad de la enseñanza hasta los 18 años de edad.
La
laicidad de la enseñanza, con la asignatura de religión fuera del horario lectivo. Por otro lado, los representantes de las federaciones de AMPAS han manifestado su preocupación por el proceso de desmantelamiento de la
escuela rural, que se percibe en el cierre de decenas de escuelas rurales en todo el país, la eliminación de rutas de transporte escolar, Los representantes de las Federaciones también han denunciado la reducción de la oferta de plazas de
ciclos formativos de grado medio y superior, y que ha impedido a muchos estudiantes matricularse en los estudios deseados, recortando sus expectativas de futuro. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CEAPA también ha vuelto a reclamar la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, y ha recordado las graves dificultades económicas que están padeciendo muchas familias y impiden a muchas incluso la adquisición de los libros de texto. CEAPA demanda a las autoridades que promuevan una regulación sobre los libros de texto para que las consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas establezcan un sistema de préstamo y reutilización, con el objetivo de garantizar la gratuidad de la enseñanza que fija la Constitución. Esta confederación propone a las Administraciones educativas la selección de libros de texto por concurso entre editoriales, para lo cual las Administraciones educativas deberían exigir límites mínimos de calidad y máximos de precio.
Madrid, 9 de octubre de 2012
